En  los últimos años hemos ido abriendo las múltiples muñecas de las que  está compuesta la gran matrioska de la crisis: de la económica, la  inmobiliaria o la financiera, las más conocidas, hemos pasado a la  política, la territorial, la institucional, la cultural, la ecológica y finalmente la social.

 

La crisis de acumulación capitalista se reflejó en el Estado español en la necesidad inherente, también en circunstancias difíciles, a la clase dominante de no sólo mantener sino reforzar su poder de clase, traducido en estas tierras en el acaparamiento del 55% de la riqueza social por un 10% de la población, al mismo tiempo que se cumple con el requisito de devolver a los capitalistas extranjeros el inmenso volumen de capital que estos invirtieron aquí. Así, el neoliberalismo vigente durante décadas cogió carrerilla principalmente en tres aspectos: reducción de los ya precarios mecanismos de redistribución de la plusvalía hacia la clase trabajadora (el “gasto social”), mayores tasas de explotación vía desempleo masivo y cambios legales, y corte del grifo del crédito bancario, que había disimulado anteriormente la enorme miseria generando la ficción de que los trabajadores podían ser dueños de una casa y de que autónomos y pequeños burgueses no eran simples esclavos del capital financiero.

Hubo que esperar hasta 2011 para que se produjera una gran oleada de movilizaciones que  demostró la enorme brecha cultural que se estaba abriendo entre la población. Por primera vez, recorría a lo largo de todo el Estado un grito de protesta con un valor simbólico y, sobre todo, destituyente: esta revuelta que acogió a una minoría activa que contaba con un respaldo masivo negaba el carácter democrático y representativo del régimen español, lo que suponía un fuerte golpe al principal pilar ideológico de la dictadura.

Por  más que cogiera a políticos y expertos con el pie cambiado, no se trató de un chispazo momentáneo. Desde el 2000 se habían venido incrementando el número de manifestaciones como respuesta indignada a la actuación de los gobiernos: del Nunca máis al Plan Bolonia, pasando por la guerra de Irak, las mentiras sobre el 11-M o el movimiento por una vivienda digna. Una característica compartida por todas ellas era el relegamiento de los agentes tradicionales, partidos y sindicatos mayoritarios que, en su calidad de fundadores del orden vigente, son los paladines del statu quo.

Un rápido apunte histórico. La paz social que nos es impuesta hoy en día nace con los Pactos de la Moncloa, donde las organizaciones obreras firmantes se incorporaron definitivamente a la gestión capitalista, abandonando su carácter de movilización. Este  proceso de confluencia política y sindical no impidió que desde los  primeros momentos se pusieran las bases de una reacción neoliberal que terminó desbocándose al irse eliminando los obstáculos que atravesaba  con el paso de los años. El argumento, la gran excusa que lo justificó todo, fue la necesidad de implantar una  “normalización democrática” que  trajera aparejada un capitalismo que homologara a la economía española con las integradas en la Comunidad Económica Europea.

El 15-M  supuso un choque cultural con aquella política. Aquí conviene tener cuidado en no exagerar, pues no se trató de un movimiento revolucionario ni alentó una gran ruptura, pero proponía otra manera de ver las cosas que daba posibilidades a planteamientos radicales. De la noche a la mañana nos enteramos de la desconfianza que sentía la sociedad en su amplia mayoría hacia los representantes  institucionales, decantándose por tratar sus preocupaciones en una  asamblea rodeándose de iguales. El gesto tuvo una veta humanística, terapéutica, que seguramente terminó lastrando al 15-M, pero tampoco se  debe olvidar que colocó al asambleísmo en la primera línea política.

La brecha fue abierta, y el momento político que supuso el 15-M abrió expectativas para nuevos aspirantes a la gestión estatal burguesa y también alimentó procesos de acción directa exitosos, como recientemente se ha demostrado en Can Vies y Gamonal.

No obstante, la llama democratizadora del 15-M se fue apagando y en su lugar emergieron otros conflictos con un menor carácter de lucha de clases y más vinculados a rifirrafes en el interior de la clase dominante. En este sentido, los procesos soberanistas, dirigidos por formaciones que representan a los capitales periféricos no suponen, pese al anhelo de libertad existente en los pueblos, una auténtica ruptura, sino más bien una  reestructuración de líneas de cara a una negociación constituyente. Parece que el concierto fiscal y la concesión de mayores competencias suponen el gran premio de consolación.

En segundo lugar, en este panorama de verdadera degradación política y moral, los casos de corrupción  generalizada, que afectan a todas las fuerzas del arco parlamentario,  constituyen aguijonazos cotidianos de malestar, pese a que la “corrupción ilegal” tiene poca importancia respecto a la “corrupción estructural”. Se ha difundido entre la población la idea de que todos los políticos son iguales, pero bajo la misma no encontramos grandes aspiraciones de cambio. No está en boga plantearse otra forma de entender la política. Por el contrario se ha extendido la idea de cambiar las cosas dentro de las instituciones, ya sea mediante viejos partidos liberados de la costra clientelar que los asfixia, o bien a través de nuevos nombres y caras. La nueva estrategia implica priorizar la conquista del poder estatal, postergando y aplazando las luchas sociales a la entrada en las instituciones de la dictadura. No obstante, aunque esta estrategia diga hablar en nombre del pueblo, más bien parece responder en sus términos a una confrontación de tipo sociológico entre viejas y nuevas élites.

El paradigma cultural que comenzó a ser quebrado por el 15-M estaba definido por un consenso en torno a las grandes cuestiones económicas, políticas y sociales. Sólo podía  rebatirse la permanencia en la Unión Europea, por ejemplo, desde una posición de marginalidad. Hoy ha quedado demostrado que estos acuerdos se basaban en la ignorancia de la mayoría de la población con respecto a su contenido y su alcance finales. Sin embargo, aún queda bastante para lograr un cambio cualitativo.

En la actualidad, la política, por más rupturista que se presente, sigue pasando en buena parte por el cauce de las instituciones estatales, lo que supone aceptar de antemano unas normas ya marcadas y actuar según su dictado.

A pesar del impulso del 15-M, el panorama no invita al optimismo. Dos ejes principales de la lucha de clases, como son el trabajo y el territorio, han sufrido escasas mutaciones. En el terreno de la explotación, nos encontramos con una clase trabajadora fragmentada, deprimida y aterrorizada, que se siente afortunada si consigue un salario ridículo. A nivel estatal, el duopolio sindical CCOO-UGT, pese a la animadversión generalizada que suscita, no ha sido sustituida y sigue campando a sus anchas, secundada por un conjunto de sindicatos corporativos no necesariamente mejor que los mayoritarios. Los sindicatos a la izquierda, incluidos los libertarios, no parecen capaces de salir del inmovilismo y ganar, al menos, un terreno sustancial. Es de destacar también el frente de los desempleados, donde no hay apenas noticias a pesar del paro galopante. Al menos, sí ha ganado cierto peso el ámbito de la economía social y el cooperativismo, así como su contraparte de las finanzas éticas.

A nivel de territorio, sí se ha vivido cierto repunte de iniciativas como centros sociales y, sobre todo, la organización obrera más exitosa surgida recientemente: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y sus variantes. Sin embargo, el asociacionismo vecinal continúa, en líneas generales, inmerso en la pasividad y una falta preocupante de movilización, con poco sentido global y en buena parte convertidas en estructuras esclerotizadas. Un panorama que se ha renovado ligeramente gracias a las nuevas asambleas de barrio surgidas en estos años, que aún no han conseguido convertirse en un actor político a tener en cuenta.

Frente a lo que señalan algunos burócratas de nuevo cuño, no hay un “techo de cristal” que el movimiento popular no pueda superar, sobre todo cuando, como el que tenemos actualmente, sus demandas muestran una extrema moderación. De esta forma, incluso cuando conseguimos victorias, como la de las mujeres sobre la contrarreforma de la Ley del Aborto, suelen ser meramente defensivas.

Todos estos elementos conjugados, el futuro próximo se nos presenta, y no es el escenario más terrible, como una combinación de gobiernos que mantengan no ya el orden capitalista sino el orden neoliberal, pero que a la vez realicen concesiones que logren integrar al precario movimiento popular y la confianza en el sistema sea restablecida.

Obviamente, no todo es culpa de los demás. Los y las radicales, los y las anticapitalistas, quienes somos conscientes de que los problemas sociales sólo se podrán solucionar mediante una transición a la democracia basada en la libertad y la igualdad, hemos estado muy por debajo de las circunstancias. Si seguimos funcionando sin organización, sin reflexión, sin trabajo serio y coordinado, no influiremos decisivamente en la realidad y ésta nos rebasará.

Se hace necesario establecer otro marco y nuevas reglas de juego, y para ello es imprescindible construir un pueblo fuerte como sujeto que impulse las novedades: un  pueblo que, atendiendo a la etimología de la palabra política (conjunto  de asuntos que conciernen a los ciudadanos), retome las riendas de su  futuro, participando en las decisiones, implicándose en las luchas.

Sólo un pueblo fuerte se ha mostrado capaz históricamente de imponer nuevas ideas y constituir nuevas instituciones. Ha llegado nuestro momento.

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